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¿Sentará el asalto a la Embajada de México en Ecuador para arrestar al asilado Jorge Glas un precedente que podría poner en riesgo el derecho al asilo diplomático en la región?
Establecido para proteger a personas perseguidas por motivos políticos, el asilo también puede generar tensiones entre el Estado persecutor y el Estado asilante.
El caso más reciente en América Latina es el del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, que solicitó protección al Gobierno mexicano. Para impedir que Glas evadiera un proceso por corrupción, fuerzas de seguridad ecuatorianas invadieron la Embajada de México en Quito y arrestaron al asilado, violando la soberanía de la sede diplomática.
Tras el asalto a su Embajada, México rompió relaciones con Ecuador, país que, además, denunciará ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Peligra la tradición del asilo político en la región?
En América Latina, el asilo político cobró relevancia en el siglo XIX, en un contexto marcado por conflictos bélicos para definir límites territoriales. Líderes políticos e intelectuales fueron los principales beneficiarios de la protección diplomática, cuenta a DW la historiadora Claudia Rojas, de la Universidad Tecnológica Metropolitana en Santiago de Chile.
Más tarde, en el siglo XX, el asilo en respuesta a las dictaduras en el Cono Sur fue masivo. Rojas, doctora en Estudios Americanos, recuerda que, entre 1973 y 1974, la Embajada mexicana en Santiago de Chile abrió sus puertas a unas 800 personas, tras el golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende.
En el siglo XXI, el asilo político sigue siendo una práctica extendida en la región. Para la doctora Agustina Vázquez, profesora de Derecho Internacional de la Universidad Argentina de la Empresa, hay tres casos emblemáticos, que evidencian que el asilo “ha resurgido con nombres de alto nivel”: en 2009, el presidente destituido de Honduras, Manuel Zelaya, se refugió en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa para evitar ser detenido. Un acuerdo posterior permitió a Zelaya salir en avión rumbo a República Dominicana.
En 2012, la Embajada de Ecuador en Londres acogió al fundador de la plataforma WikiLeaks, Julián Assange. Tras un cambio de Gobierno en Ecuador, en 2019 se le retiró el asilo y Assange fue arrestado por la Policía británica.
Por último, en 2019, el entonces presidente boliviano, Evo Morales, se vio forzado a renunciar a su cargo después de unas controvertidas elecciones. Primero se refugió en México y luego recibió asilo político en Argentina.
Por su parte, el doctor Günther Maihold, de la Universidad Libre de Berlín, destaca que, en el marco del escándalo Odebrecht, varios expresidentes acusados de corrupción “adujeron ser perseguidos políticos” tras perder su inmunidad. El politólogo menciona los casos de los exmandatarios peruanos Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.
Al respecto, Ricardo Arredondo, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Buenos Aires, apunta que “los Estados sólo pueden otorgar asilo diplomático a personas buscadas por razones políticas, en contraposición a los delincuentes comunes”.
No obstante, agrega, “el Estado asilante, en ocasiones, hace caso omiso a lo establecido en la Convención de Caracas y otorga asilo a personas que están siendo juzgadas o han sido condenadas por delitos comunes”.
“Es complejo determinar el límite existente entre un delito común y uno político”, dice a DW Pedro Díaz, docente de Análisis Político Internacional de la Universidad Austral de Chile.
El académico explica que es necesario “analizar las lógicas procesales del caso en cuestión” para determinar si “el Estado de derecho fue obviado intencionalmente para considerar como delincuente común a una determinada persona. Entonces resulta plausible que el Estado asilante pueda considerar a esa persona como un perseguido político“.
Díaz recuerda que “le corresponde al Estado que ofrece el asilo determinar si el tipo de delito del que es acusado la persona asilada es político o común”.
En 2012, el senador boliviano Roger Pinto se refugió en la Embajada brasileña en La Paz. Sin embargo, el Gobierno de Evo Morales le negó el salvoconducto, ya que tenía procesos judiciales pendientes por causas relacionadas a delitos comunes. “El caso fue muy polémico, ya que Pinto escapó de la Embajada con ayuda de un diplomático brasileño”, señala el analista político.
Por otro lado, en 2018, el expresidente peruano Alan García solicitó asilo en la Embajada uruguaya en Lima. Pero el Gobierno de Uruguay le negó el asilo, convencido de que no había persecución política en contra de García, que terminó suicidándose.
A estos ejemplos, el politólogo Günther Maihold agrega los casos de los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, acusados de corrupción y refugiados en Nicaragua: “Si realmente debieran recibir el beneficio del asilo político sigue estando abierto al debate internacional”.
Finalmente, el académico de la Universidad Libre de Berlín descarta que el asalto a la Embajada mexicana en Quito siente un precedente que ponga en riesgo la tradición del asilo político: “La reacción a la violación de la soberanía ha sido contundente en la región e internacionalmente. No es una nueva tendencia, sino que está claro que Ecuador transgredió el derecho internacional”.
